Un sacerdote de la Diócesis de Pasto fue denunciado por hostigamiento en el marco de un conflicto de tierras en el suroccidente colombiano.

Narciso Obando está al frente del centro de evangelización La Ascensión del Señor, jurisdicción eclesiástica que abarca el corregimiento de Jongovito, en zona rural de la capital del departamento de Nariño.

El sacerdote reclama la posesión de dos lotes en favor de la diócesis: uno en el sector de Jongovito centro, aledaño a la capilla (donde en el pasado funcionó un cementerio); y otro, en Chuquimarca, una de las siete veredas que, administrativamente, componen el corregimiento.

Contactado por este medio de comunicación, Obando admitió haber usado el púlpito contra sectores de la comunidad que lo critican. Justifica su proceder responsabilizando de la división en curso a un grupo de líderes. Lo propio hace el también denunciado Virgilio Rodríguez, colaborador del sacerdote, calificando como “papas podridas” a los críticos de Obando y defendiendo por vía religiosa su interés de que la tenencia de los predios sea legalizada en favor de la diócesis: “La Iglesia somos todos”.

Por su parte, uno de los líderes detrás de la denuncia elevada ante la Fiscalía General de la Nación sostiene que, en realidad, son cinco los lotes de tierra de la comunidad en los que estaría interesada la Diócesis de Pasto. Incluyendo el del nuevo cementerio, usufructuado por Obando mediante cobros en favor del centro de evangelización a cambio de sus servicios religiosos, de acuerdo con la denuncia de otra pobladora de la región.

En los últimos meses, ha habido varias reuniones entre el vicario diocesano, Andrés Ordóñez, y líderes sociales. Según Mariana Riobamba, antigua corregidora de Jongovito, el emisario del obispo ha manifestado en público su interés de acudir a las autoridades para legalizar, en favor de la Iglesia, la posesión de predios en disputa. Tanto el cura Obando como su principal colaborador, Virgilio Rodríguez, sostienen que la legítima posesión de algunos lotes en favor de la diócesis puede ser defendida a partir de una serie de supuestos documentos de cesión de la tenencia. Rodríguez prometió aportar dichos documentos a este medio de comunicación. Al cierre de esta redacción, no lo había hecho.

Hace dos años, varios líderes elevaron una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras, apelando al deber que esta tiene de “sanear la situación jurídica de los predios rurales”. En ese momento, reclamaron la adjudicación de dos predios que, según ellos, por más de sesenta años, la comunidad de Jongovito ha tenido en posesión y donde “la misma comunidad, mediante las juntas de acción comunal, ha hecho mejoras”.

“El primer predio, ubicado en la plaza principal del corregimiento, donde actualmente funciona el salón comunal, la oficina de la corregiduría y la oficina del acueducto; y el segundo lote, que está ubicado en la vereda Chuquimarca, donde se construyeron dos tanques de abastecimiento de agua para consumo humano de la comunidad de Jongovito y donde se cultivan diferentes productos”.

A través de la misma solicitud, los líderes pidieron “acceder al programa de legalización de baldíos de dos lotes más”, los cuales, según explicaron, están ubicados, el primero, en la plaza principal, “donde funcionó por muchos años el cementerio local”, antes de ser trasladado; y, el segundo lote, que da asiento al nuevo cementerio, en el sector de Cruz Loma.

Los líderes se remontan a 2015 para sostener que, ya ese año, solicitaron a la diócesis y al entonces párroco de la zona la escritura pública que supuestamente legitima la posesión del primero de los lotes en favor de la Iglesia. “No tenían dicho documento”, sostienen.

Lo que sí tienen a la mano los líderes es un conjunto de certificados emitidos por diversas juntas de acción comunal sobre el uso comunitario de los predios en disputa. Por ejemplo, refiriéndose a una serie de lotes de Jongovito Centro, en uno de los certificados se lee que «dicho uso comunitario inició hace más de un siglo» y que «la comunidad ha ejercido de manera pública, pacífica, continúa en ininterrumpida actividades de beneficio colectivo en el referido predio».

Según Heiman Nupan-Criollo, uno de los denunciantes, los certificados emitidos controvierten la idea difundida por Obando y Rodríguez según la cual los opositores del sacerdote solo son un puñado de líderes, cuando, en realidad, las juntas de acción comunal representan a amplias capas de la sociedad de Jongovito en contravía de los intentos de apropiación de la Iglesia.


Para dar cuenta de la posición de la curia frente al conflicto social en curso, este medio de comunicación solicitó una entrevista con el obispo de Pasto, Juan Carlos Cárdenas, o con cualquiera de sus voceros autorizados.

Al cierre de esta nota no había respuesta.

Un video registrado por miembros de la comunidad da cuenta de la falta de entendimiento entre las partes involucradas en el lío de tierras. La denuncia ante la Fiscalía refiere a un incremento “del hostigamiento, el rechazo social y la posibilidad de agresiones”.

«El conflicto social se ha escalado de forma progresiva: de la crítica pública se pasó al señalamiento, del señalamiento a la estigmatización y de esta a un escenario de hostilidad social. La situación ha trascendido del plano discursivo al plano fáctico mediante actos concretos de intimidación contra los accionantes y sus núcleos familiares, que hoy comprometen seriamente la seguridad y tranquilidad personal. Tales circunstancias constituyen manifestaciones materiales de la escalada del conflicto, en las
que el discurso estigmatizante ha comenzado a traducirse en conductas de hostigamiento directo, incrementando de manera
significativa el nivel de riesgo para la vida, integridad y seguridad de los accionantes».

Persiste el deber del Estado de sanear lo que haya que sanear y el de garantizar la seguridad de quienes, reiterativamente, solicitan protección. Preocupan las omisiones del obispo Cárdenas frente a su deber de vigilancia para evitar abusos en la disciplina eclesiástica.

El de Jongovito es un cura que, abiertamente, ha decidido ponerse en contra de sectores de la comunidad. No tiene remordimiento alguno al admitir que ha usado sus sermones al servicio de dicho fin. Tiene de su parte una poderosa institución que lo respalda. Sus críticos no cuentan con la Iglesia para defender sus derechos. Están en conflicto con ella.

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