HACIA EL UMBRAL

Han transcurrido trece años y seis meses desde que denuncié por primera vez los abusos sexuales cometidos por el sacerdote español Fermín Abella Gurrea en instituciones escolapias de Pereira (Colombia). A septiembre del 2026, la orden religiosa sigue sin responder enfáticamente sobre su responsabilidad y prolonga un extenso camino de dolor.

Desde que llegué a España en agosto del 2024 he estado interesado en indagar si el sacerdote denunciado no solamente cometió abusos en  obras de Colombia, sino también en otros entornos clericales por los que transitó. Lo que he encontrado me ha dejado al borde de la separación espiritual con la Iglesia católica.

El escritor, investigador y periodista Miguel Ángel Estupiñán publicó un amplio reportaje en el 2025 sobre las maneras como la orden religiosa italiana, por encima de los intereses de la víctima, vulneró sus propios manuales de protección para encubrir y salvaguardar al sacerdote denunciado en 2013. Incluso la investigación revela que un miembro de la comunidad expresó que hubo una oferta de soborno por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para archivar el caso a cambio de cincuenta millones de pesos, lo que desvela maneras de encubrimiento.

El 4 de febrero del 2026 decidí buscar el camino de la reparación integral contactando directamente a la Escuela Pía de Cataluña, pero me he encontrado con muros de concreto representados en los mecanismos burocráticos que eligen para desgastar a sus víctimas mientras reconstruyen su defensa y, tal vez, como ocurrió en el 2013, intentar desacreditar los relatos de las víctimas.

Desde febrero del 2025 hasta septiembre del 2026 he estado inmerso en este proceso de revictimización nuevamente. Se los he dejado saber mediante diversos correos. La Escuela Pía me ha solicitado acudir a los mecanismos que existen en España para abordar vías de reparación integral de víctimas cuyos casos han prescrito o no pueden llegar a la justicia ordinaria por muerte de los victimarios.

Pese a que les solicité que hiciéramos el proceso directamente como otras órdenes religiosas lo han conseguido con sus víctimas, se negaron. Solo aceptaron brindar terapias psicológicas, pero no a cualquier costo.

Después de sufrir abusos continuados y prolongados en el tiempo en las instalaciones de los Hogares Calasanz Pereira, el Colegio Calasanz Pereira y el microbús de los Hogares Calasanz, solo hasta el 1° de junio del 2026 la congregación religiosa ha logrado materializar el acompañamiento psicológico bajo sus propias directrices. 

Tuve que solicitar este acompañamiento psicológico porque perdí el trabajo y el lugar de residencia en Barcelona como deriva a la depresión causada al enterarme de que en la misma institución donde ocurrieron los hechos ya existía una denuncia previa que señala al mismo victimario. Sin embargo, esta no fue tenida en cuenta; por el contrario, fue banalizada por superiores de los Hogares Calasanz meses previos a cuando se originaron los primeros abusos contra mí. 

A los dos denunciantes de la misma obra no formal en Pereira se suma un denunciante de una obra formal en Bogotá, quien señala a Fermín Abella por abusos ocurridos entre 1997 y 1999, cuando este residía dentro de uno de los colegios calasancios de la capital colombiana. El denunciante es exalumno del Colegio Calasanz del norte de la ciudad.

Mantener este proceso vigente, en el que se exigen trámites administrativos frente a entidades eclesiales como asociaciones de acompañamiento a víctimas de pederastia, no ha sido fácil. Un camino áspero y pedregoso, en el que la orden de las Escuelas Pías nuevamente demuestra que sus políticas de salvaguarda, los enfoques y principios que la sustentan, no son más que relatos documentales que intentan generar un escenario de tranquilidad entre los miembros de sus comunidades por el mundo cuando, en realidad, se traducen en escenarios revictimizantes. 

El 15 de mayo del 2026 elevé una carta al catalán Carles Gil i Sagüer, superior general de la orden (al centro en la fotografía, rodeado de sus principales colaboradores). Confirmó recibido. Tres meses después, no ha tenido el respeto, modo, lugar y espacio de responder dicha misiva, pese a que viaja constantemente por el mundo.

Han encargado de abanderar las causas ante las víctimas al sacerdote húngaro József Urbán (primero de derecha a izquierda en la fotografía). Urbán, que no cuenta con la autorización necesaria para tomar decisiones importantes frente a quienes continuamos sufriendo, ha hecho un esfuerzo por responder frívolamente con negativas a las solicitudes que se le realizan, en un trato aparentemente formal que desdibuja la cultura de la salvaguarda que dicen practicar.

La solicitud de reparación integral fue elevada a la Comisión Asesora del mecanismo PRIVA el pasado 27 de abril. Tienen tres meses para solicitar la documentación a los actores interesados, pero como víctima he tenido que elevar una y otra vez consultas de manera telemática para que se interesen en mi proceso. El caso no avanza.

El PRIVA es la Iglesia juzgándose a sí misma, por eso los tiempos de las víctimas no importan, solo importan cuando hablan con los medios de comunicación o cuando se publican documentos oficiales en plataformas digitales de cara a la sociedad civil.

El padre Carles Gil i Sagüer sigue sin cumplir su palabra de reparación. Toda reparación parte del reconocimiento y en nuestros casos no ha ocurrido. Según ellos, siguen esperando el dictamen del PRIVA.

En este mes de septiembre, Carles Gil i Sagüer y József Urbán realizarán visita canónica a Filipinas, parte de las presencias escolapias en la provincia de Asia Pacífico, mientras las víctimas seguimos esperando. Seguimos sufriendo en medio del dolor provocado por sus miembros, los mismos que por años, se han empeñado en encubrir.