HACIA EL UMBRAL

La encíclica del papa Francisco me pone a pensar en los nadies. “Los ningunos, los ninguneados”. Sobre quien escribió el uruguayo Eduardo Galeano al decir que son dueños de nada, muriendo la vida; que no son, aunque sean; que no hablan idiomas, sino dialectos; que no son seres humanos, sino recursos humanos; que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local: “los nadies, que cuestan menos que las balas que los matan”.

Pues bien, con ellos se solidariza Bergoglio en Fratelli Tutti. Los reconoce como víctimas de un orden social injusto, modelado por dogmas como el de la propiedad privada por encima de la dignidad humana, exaltada por el neoliberalismo. Dogmas que respaldan “sistemas corruptos que obstaculizan el desarrollo digno”.

Pero más allá de reconocerlos como víctimas, el papa Francisco manifiesta su admiración hacia ellos como sujetos políticos. Por su capacidad para generar movimientos populares en demanda de tierra, vivienda y trabajo. Por su solidaridad que es “una forma de hacer historia”. Porque combaten las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Me veo obligado a hablar de Colombia, mi país, al que el Papa le dedica varios apartados en su encíclica, recordando su visita de 2017 y los mensajes que ofreció en Bogotá, Villavicencio y Cartagena. Hace años muchos ninguneados conformaron un movimiento nacional en demanda de la paz, buscando la verdad sobre la historia de un conflicto armado que suma ya más de 50 años. Y muchos de esos ninguneados han sido asesinados en los últimos años, porque todavía no se ha podido conjurar la guerra, a pesar de los acuerdos suscritos en 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la hoy extinta guerrilla de las FARC.

Uno de dichos acuerdos, uno de los más importantes, estuvo dirigido a promover procesos para una más equitativa distribución de la tierra. Según Oxfam, “Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra, en un continente donde los niveles de concentración son de por sí muy altos. El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana” [Revista Semana, 25-04-18]. Investigadores sociales como Iván Garzón, de la universidad católica de La Sabana, todavía niegan que el conflicto armado tenga su origen en esta situación de injusticia estructural. Según ellos, la guerra es culpa de rebeldes y románticos que se alzaron contra el orden y la convivencia. Otra cosa piensa el sociólogo jesuita Javier Giraldo, quien lleva décadas revelando las relaciones entre violencia estatal e intereses económicos particulares y ha sufrido amenazas y estigmatización por sus posiciones, que reconocen que a la violencia guerrillera le antecede un desorden social, legitimado políticamente, a lo largo de la historia del país, por pactos de élites.

El jesuita Javier Giraldo ha sido uno de los principales fustigadores del paramilitarismo, esa forma de violencia que pone la fuerza del Estado al servicio de proyectos privados, de ganaderos, narcotraficantes, empresas agroindustriales o petroleras. Esa forma de violencia se viene agudizando. En el marco de ella se ha practicado la pena de muerte, que en Colombia es ilegal, pero se ha practicado de diversas formas, por ejemplo, matando a civiles y presentándolos como guerrilleros caídos en combate. Una práctica que el papa Francisco condena en el número 267 de su encíclica.

Otro de los acuerdos de paz exigía el desmantelamiento del paramilitarismo. Pero es poco lo que se ha hecho desde 2016 hasta hoy para que eso se lleve a cabo. El fenómeno es inseparable de otra pandemia que vivimos en mi país: los asesinatos de defensores de derechos humanos y de antiguos guerrilleros que firmaron los pactos de paz. Desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy han sido asesinados más 971 líderes sociales, según cifras de Indepaz. En el mismo período han matado a más de 220 exintegrantes de las FARC. Todo en medio de la mayor impunidad.

Tal es el terreno en el que caen las palabras de Fratelli Tutti como semillas que quisieran ser sembradas a favor de acciones de paz. Pero la sociedad colombiana se encuentra notoriamente polarizada. Hay liderazgos políticos que, en lugar de promover la reconciliación o la superación de la guerra, insisten en el uso de la violencia, legitimada supuestamente por el Estado. Hace unas semanas vimos en vivo y en directo cómo en la capital del país, Bogotá, hombres de la policía asesinaron a 13 personas que protestaban por el asesinato, también a manos de policías, de Javier Ordóñez, detenido en la madrugada del 9 de septiembre, y a quien le aplicaron descargas eléctricas, antes de que muriera como consecuencia de los maltratos recibidos.

Ciertamente “la violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares”, tal y como dice Bergoglio en el número 253 de su encíclica. Vivimos en la era del shock, afirma Naomi Klein.

Una lectura teológica proveniente de los ninguneados ve al crucificado en toda víctima del orden injusto imperante. La imagen del cristo roto de Bojayá, a quien el papa Francisco le rezó en Villavicencio, durante su viaje a Colombia, refiere a la ruptura del alma de mi país, por cuenta de décadas de conflicto armado. Hay víctimas de todos los lados. Estoy de acuerdo con Bergoglio: “no se puede pretender que sólo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes”. Pero una de esas partes, que equivale a la masa de ciudadanas y ciudadanos que desde la periferia más han sufrido la guerra, dijeron sí a lo acordado en La Habana en favor de la paz. Pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, aunque el actual Gobierno y el partido político del presidente Iván Duque, regentado por Álvaro Uribe, siga diciendo que no.

Miguel Estupiñán
@HaciaElUmbral

*Texto presentado el 7 de octubre de 2020 durante una reunión con miembros de Pax romana, movimiento internacional de laicos católicos.