La jornada del paro nacional comenzó con una noticia en Cali. Representantes del pueblo misak tumbaron la emblemática estatua del conquistador castellano Sebastián de Belalcázar. Una escultura similar ya había sido tirada al suelo en Popayán meses atrás por el mismo pueblo, en el marco de un mismo proceso de reivindicación histórica.
Lo que algunos llaman “bienes públicos” para otros son insultos. Por eso los hijos del agua, descendientes de los pubenences, han llamado a juicio a Sebastián Moyano y Cabrera, para acusarlo, entre otros crímenes, de “genocidio, despojo y acaparamiento de tierras; desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenence; tortura por medio de técnicas de empalamiento y ataque con perros asesinos a los fuertes guerreros Misak Pubenences; y asesinatos de Taita Payan, Taita Calambas y Taita Yasguen”.
A media mañana, en Bogotá, sobre la calle 45 con 24, un grupo de estudiantes, en dirección a la Universidad Nacional de Colombia, repartió entre los peatones información sobre otro juicio, esta vez en contra de Iván Duque Márquez, presidente de la República. Con tono cordial, la muchachada le escribió al lector desprevenido: “Tenga usted en cuenta que estamos inconformes con la reforma tributaria; con la gestión negligente de la pandemia; con la continuación de la guerra, de los asesinatos y de las masacres; y con el glifosato”.
Recientemente, se hizo público que el gasto en armamento por parte del Gobierno aumentó durante la pandemia. Mientras el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, diseñó una reforma tributaria que atenta, en especial, contra los intereses de la clase media, Duque pretende profundizar las dinámicas de conflicto armado, reeditando la guerra contra los cultivadores de coca, en una cacería de brujas que convierte en chivo expiatorio al pequeño campesino sometido a la dependencia hacia los cultivos de uso ilícito, al tiempo que el Ejecutivo evita perseguir eficazmente a los grandes empresarios del negocio transnacional. Lo anterior es parte de lo que tiene descontenta a la gente; máxime si grandes extensiones de tierra podrían ser regadas con glifosato, en zonas del país que no conocen formas diversas de presencia por parte del Estado.
Que uno de los departamentos más militarizados de Colombia, como el Cauca, sea, al mismo tiempo, escenario de un sangriento exterminio de líderes sociales, demuestra que la gestión del Gobierno fracasa en materia de seguridad, tal y como está fracasando la gestión frente a la pandemia en un país donde amplios sectores de la sociedad le temen más a los grupos armados legales e ilegales que a un coronavirus que, ciertamente, hace estragos.
Hay quienes tienen alternativas como, por ejemplo, resguardarse en casa mientras pasa el tercer pico. Otros no. A otros la muerte les cae por sorpresa, sin mediar enfermedad. Por eso marcha la guardia indígena del norte del Cauca, llegada a Bogotá después de cruzar medio país. Y por eso su chiva parlante emociona al penetrar en el centro de la ciudad, entre aplausos y drones: “Pa’delante compañeros, dispuestos a resistir: defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia, guardia, fuerza, fuerza; por mi raza, por mi tierra!”.
Hay luchas que acumulan siglos y no saben de renunciamientos. Son una lección para quienes gozan de aquello que a otros se les niega.
*Foto de portada: Twitter del Congreso de los pueblos.
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