HACIA EL UMBRAL

Hablemos de violencia estructural. Porque las demandas sociales de estos días no pueden ser desvirtuadas.

Hay quienes pretenden que el foco de la opinión pública no se dirija a la raíz del descontento, sino a algunas de sus manifestaciones. Graves. Pero secundarias. 

Lo principal es la situación de injusticia de fondo, que soporta, incluso, brotes particulares del malestar.

En 1968 un italiano, de paso por el país, dijo que muchas revoluciones explosivas de la desesperación hubiesen sido evitadas en Colombia con reformas sociales a tiempo. Pasaron ya más de 50 años y dichas reformas no han sido llevadas a cabo: reforma agraria, afirmación de la soberanía, redistribución de la riqueza, acceso a servicios públicos, etc. Lo elemental. Que en otros países ha sido posible, en ciertos casos y hasta cierto punto. Por ejemplo, en Ecuador, cuando décadas atrás un fulanillo devolvió a comunidades indígenas de Riobamba tierras despojadas por la Iglesia católica. El personaje tenía por apellido Proaño. Y era obispo. Cosa rara. De esas que pasan en otras latitudes.

Hace unos días, el abogado y profesor Mario Madrid-Malo les preguntaba a través de Twitter a los juristas si, en defensa personal, es legítima la violencia de alguien atacado por el Esmad. Pero reitero: no es allí donde está el centro de mi reflexión. Sino en la violencia estructural en el segundo país más inequitativo de Suramérica.

Dicha violencia estructural no es equiparable a la violencia por parte algunos manifestantes durante algunas protestas. Se podría decir, sin absolver a nadie, que esta última violencia tiene en aquella su raíz. Si esta es válida o legítima, aun en defensa propia, repito, no es materia de discusión en estas líneas. Puede serlo en los comentarios que ellas generen, si es el caso.

Lo que es materia de esta reflexión, de nuevo, es la violencia estructural, que goza de impunidad.

Mientras el Esmad reprime o «disuelve» las protestas, ¿quién pone en orden al Gobierno, después de que salió a la luz que autorizó bombardeos en que murieron personas menores de edad? ¿Quién habría de hacerlo? Entre los manifestantes del paro hay quienes creen que debe hacerlo la ciudadanía. Demandar que el Gobierno responda. Para que no se repitan hechos como el ocurrido en Caquetá, cuando el bombardeo.

Si no ocurre nada a pesar de las demandas ciudadanas, de las revelaciones de la prensa, de las exigencias de algunos sectores organizados de la sociedad civil es porque la violencia estructural tiene mecanismos para perpetuarse. Por eso hay que hablar de ella. Porque, de lo contrario, hará carrera la idea según la cual otras formas de violencia desvirtúan las demandas sociales orientadas a hacerle frente a la violencia estructural. Repito, como si aquellas no fueran una reacción a esta.

Un hombre de 62 años pinta en el suelo de la Plaza de Bolívar de Bogotá la palabra «paz». Con tiza blanca. Y le dice a un reportero que marcha para que haya acceso a la educación superior para las nuevas generaciones, mientras hace una lista de las personas de su familia que se quedaron sin poder entrar a la universidad.

Dilan Cruz, víctima de un homicidio, murió en el umbral de esa frustración. Hay quienes creen que el homenaje que se le debe es descalificar cualquier forma de violencia. Con cierto sentido de lo sacrificial —susceptible de crítica—, a otras personas se les ocurre que una forma de homenaje involucra reconocerlo como mártir. 

Una forma, entre otras, de honrar la memoria de Dilan es leer su historia. Develar que detrás de ella hay algo más grande y más reiterativo que su nombre en estos párrafos: la violencia estructural. Y que nada puede desvirtuar las legítimas demandas sociales que buscan un cambio de la situación del país. Una situación en la que una gran mayoría de la juventud colombiana tiene cerrado el acceso, entre otras cosas, a la educación superior.

Decir que ello arroja trágica e inconscientemente a esa mayoría a los brazos de la violencia callejera y que esta se soluciona a punta de educación es simplificador. Le niega agencia política y capacidad de decisión a la gente. Y si no niega la violencia estructural detrás del problema, al menos sí pone el foco en otra parte. Donde la culebra se muerde la cola. ¿Qué educación recomiendan algunos de quienes insisten en su crítica al vandalismo, mientras invisibilizan las justas causas de las protestas? ¿Acaso la educación funcional al poder, que disciplina a la gleba y la uniformiza? ¿La que afirma un determinado canon moral con currículos de espalda a las verdaderas necesidades del país?

Reitero. No es propósito de estas líneas justificar ni absolver la violencia, en ninguna de sus formas. Lo que ocurre no inicia ni acaba en la supuesta corrupción de la protesta ni en el riesgo de que esta sea instrumentalizada. Lo que pasa tiene que ver con algo muy concreto que configura el escenario social del conflicto.

Y señalarlo no es una defensa de nada distinto a que el foco no abandone el sitio en que debe estar. De lo contrario aplazaríamos la cuestión, ocupados en debates con los que algunos quieren comprometer la atención general.

@HaciaElUmbral