La Comisión de la Verdad, en cabeza de su presidente, Francisco de Roux, recibió el 3 de noviembre de 2019 un informe sobre las víctimas de la Iglesia de los pobres, un movimiento social de origen cristiano que acogió en Colombia las tesis de la teología de la liberación.
El acto tuvo lugar en el auditorio del Colegio Mayor de San Bartolomé, en Bogotá, en el marco del VII Encuentro Nacional de la Mesa Ecuménica por la Paz, articulación que reúne a cristianos de varias iglesias y que es la autora del documento.
El informe expone 48 casos de violencia política contra hombres y mujeres vinculados a procesos socio-religiosos. 42 de dichos casos corresponden a asesinatos entre los que se encuentra el del padre Tiberio Fernández Mafla, cuyo cuerpo fue hallado mutilado en el río Cauca en 1990. En su mayoría, se trata de crímenes de Estado, algunas veces perpetrados en alianza paramilitar con mafias del narcotráfico, como ocurrió en el homicidio del antiguo párroco de Trujillo (Valle), promotor del cooperativismo, o en el de Yolanda Cerón. La antigua directora de pastoral social de la diócesis de Tumaco logró la titulación de miles de hectáreas de territorio colectivo al servicio de comunidades negras del Pacífico colombiano. Su asesinato ocurrió el mediodía del 19 de septiembre de 2001, al frente de la iglesia del municipio nariñense, por órdenes de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, jefe del Bloque Libertadores del Sur.
El documento también describe el genocidio sufrido en Norte de Santander y el sur del Cesar contra Hombres nuevos para un mundo nuevo, un grupo de católicos de las comunidades eclesiales de base, animadores del Movimiento Cívico y Popular de Ocaña. La mayoría de sus líderes fueron asesinados. Hoy, desde el exilio, algunos de los sobrevivientes del grupo siguen luchando para que el Estado les garantice el retorno y la recuperación de sus tierras. Uno de los fundadores del grupo exige la exhumación, el reconocimiento y la entrega digna de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, enterrados en su finca por grupos armados, después de que él fuera desplazado de manera forzada, habiendo sufrido un secuestro y un intento de asesinato por parte de paramilitares hace 20 años.
Entre otras historias, el informe cuenta la de Antonio Hernández Niño, colaborador de la revista Solidaridad y acompañante de los familiares de detenidos desaparecidos en las primeras marchas de ASFADDES realizadas en Bogotá a mediados de la década de 1980. “Estábamos tratando de entender nuestra tragedia y empezábamos a sumar más tragedias a la búsqueda de los desaparecidos”, ha dicho Gloria Gómez, directora de la institución, al referirse al hallazgo del cuerpo sin vida y con signos de tortura del joven. El hecho ocurrió el 11 de abril 1986, cuando dos religiosas asuncionistas pasaban en carro por el kilómetro diez de la antigua carretera del norte. Tres días antes, “Toño” había sido detenido por hombres del Batallón de Inteligencia Charry Solano, del Ejército, cuando salía en la noche de una reunión en que un grupo de personas preparaba una carta para Juan Pablo II. En vísperas de la visita del Papa a Colombia, pretendían hacerle llegar a este denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país.
Un modelo eclesial perseguido
La teología de la liberación, como corriente de pensamiento vinculada a una particular acción política, nació hace cerca de cincuenta años en el marco de transformaciones dentro del cristianismo latinoamericano. Desde un principio abogó por la opción preferencial por los pobres y por la participación de los creyentes en la lucha por el cambio.
En 1968, los obispos católicos de América Latina se reunieron en Medellín, para la segunda asamblea general del CELAM, con el objetivo de hacer una recepción creativa de las conclusiones del Concilio Vaticano II, clausurado en 1965. La reunión de Medellín coincidió con el paso de Pablo VI por el país. Dos años después de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, los obispos hicieron un llamado a la paz con justicia social, para que con reformas sociales se evitaran a tiempo nuevas “revoluciones explosivas de la desesperación”, en palabras del Papa.
A finales de ese año, un grupo de sacerdotes colombianos y de otros países, entre ellos el obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia Cano, sorprendieron al país al hacer pública una declaración en que se comprometían “en las diversas formas de acción revolucionaria contra el imperialismo y la burguesía neocolonial”. Rápidamente, el grupo, conocido como Golconda, fue objeto de críticas y censuras por parte no solo de sectores del catolicismo, sino de la sociedad colombiana en general, que empezaron a catalogar a sus miembros de curas “rojos” y “rebeldes”, en muchos casos, como una forma de estigmatización. Las críticas y las censuras se tradujeron después en represión estatal contra algunos de estos. Fue el caso de René García, quien de manera pública participaba en movilizaciones contra los pactos del Frente Nacional y a raíz de ello fue detenido y golpeado varias veces. Se había vuelto vocero de una memoria subversiva que pretendía mantener vigentes los planteamientos de Camilo Torres en su plataforma del Frente Unido del Pueblo. Y tuvo que pagar el precio, marginado del clero y declarado enemigo público, por parte de agentes del Estado.
La muerte del obispo Gerardo Valencia Cano en 1972, cuando la avioneta en que viajaba sobre la frontera Antioquia-Chocó se estrelló en el cerro San Nicolás de los farallones del Citará, fue interpretada por algunos como un crimen premeditado, si bien nunca se esclarecieron las causas del hecho.
Golconda no duró mucho, pero algunas de sus ideas fueron recogidas a lo largo de los años setenta por una nueva agrupación denominada Sacerdotes para América Latina (SAL). Durante esa década, de manera semiclandestina, para evitar la represión sufrida por Golconda, SAL publicó muchos comunicados en los que, al tiempo que denunciaba condiciones de injusticia social en Colombia, responsabilizando de ellas principalmente a la élite, criticaba las posiciones de la jerarquía católica y sus alianzas con la clase política tradicional y las Fuerzas Militares.
Alfonso López Trujillo y otros obispos le declararon la guerra al grupo, en su intento por impedir que continuaran siendo difundidas las ideas de la teología de la liberación. Estas habían sido acuñadas a inicios de esa década por el peruano Gustavo Gutiérrez en sintonía con las conclusiones de la asamblea de Medellín y a lo largo de los setenta fueron profundizadas, entre otros, por el brasilero Leonardo Boff. SAL, en alianza con otros grupos, como ORAL y Cristianos por el socialismo, idearon al cierre del decenio cómo difundir sus planteamientos más allá del clero y de la vida consagrada. La estrategia: promover la creación de comunidades eclesiales de base. Con los años, estas serían lideradas cada vez más por laicos, es decir, miembros bautizados de la Iglesia no vinculados de manera tan directa con su aparato jerárquico.
Así aparecieron regionales de las comunidades y un equipo coordinador que convocaba encuentros nacionales y editaba una revista de difusión nacional llamada Solidaridad. Esta publicaba, además de noticias y materiales de estudio, denuncias sobre los ataques a los cuales comenzaron a ser sometidas las comunidades a lo largo y ancho del país, como expresión de la persecución contra la izquierda en plena época de Guerra Fría. Un fenómeno que alcanzó a cristianos de otros países latinoamericanos, como monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo de San Salvador, asesinado en 1980 y declarado santo de la Iglesia católica por el papa Francisco en 2018.
A los allanamientos por parte del ejército —incluso en instalaciones de comunidades religiosas— se sumaron detenciones arbitrarias, en el marco de la aplicación del Estado de sitio en Colombia. Y a lo largo de la década de 1980 en las páginas de la revista Solidaridad fueron impresos los rostros de miembros de las comunidades eclesiales de base asesinados cuando estas ya se habían articulado a escala nacional como movimiento “Iglesia de los pobres” y hacían parte del movimiento colombiano en favor de la defensa de los derechos humanos.
Otra visión del martirio
Bernardo López Arroyave, Teresita Ramírez, Sergio Restrepo, Guillermo Céspedes, Nevardo Fernández, Luz Stella Vargas y el sacerdote de origen nasa Álvaro Ulcué, entre otras personas, fueron reconocidos como mártires muy pronto por parte de los miembros del movimiento Iglesia de los pobres.
La muerte de cada uno daba cuenta del compromiso asumido desde la fe en distintas expresiones de la lucha social: la defensa de los pueblos indígenas, la pelea por la tierra, la búsqueda de la paz, la denuncia de las desapariciones o el reclamo por la justicia.
El jesuita Javier Giraldo, fundador en 1988 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, publicó en 1992 Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida. El libro contiene relatos sobre la vida y la muerte de estas y otras personas, y sirvió como una de las fuentes a los investigadores que redactaron el informe entregado a la Comisión de la verdad.
En su introducción, la obra de Giraldo explica el concepto de martirio que se fue elaborando en el seno de las comunidades eclesiales de base y del movimiento Iglesia de los pobres. Remitiéndose a la experiencia histórica de los primeros cristianos, perseguidos por el imperio romano, el jesuita reflexiona sobre la re-edición de la persecución política en el presente contra quienes representan una amenaza para el statu quo y une su muerte violenta a la de Jesús de Nazareth, símbolo por excelencia para los cristianos.
Ya en 1980, el Documento de Santa Fe, elaborado durante la campaña electoral de Ronald Reagan, había calificado a la teología de la liberación como supuesta “arma política contra la propiedad privada y el sistema capitalista de producción”. El documento llamaba la atención sobre la necesidad de atacarla, como una manifestación del “enemigo interno”, al cual refiere la doctrina de Seguridad Nacional.
En 1984, la Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, firmada en el Vaticano por el cardenal Joseph Ratzinger (más tarde Benedicto XVI), entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se convirtió en el principal argumento de autoridad para quienes dentro del episcopado colombiano y latinoamericano le hacían frente.
En 1988 se llevó a cabo en Bogotá un encuentro nacional de carácter ecuménico, organizado por el movimiento Iglesia de los pobres y otros grupos cristianos. En el país se fortalecía el narco-paramilitarismo y se agudizaba la “guerra sucia” que provocaba la muerte de cientos de activistas y políticos de izquierda, entre otros ciudadanos. Como parte de los objetivos de la actividad estaba el de levantar la voz en favor de la vida. Sin embargo, en vísperas del evento la Conferencia Episcopal reiteró que los integrantes del proceso organizativo que habían convocado al encuentro no estaban en comunión con la Iglesia institucional. Desde hacía más de 10 años, algunos venían siendo descalificados por instancias del episcopado; desde las épocas de mayor activismo por parte de Sacerdotes para América Latina y Cristianos por el socialismo.
Durante el encuentro se dio una división en el movimiento, provocada, entre otras cosas, por posiciones encontradas frente al tipo de actitud que los cristianos deberían tener en relación a la lucha armada revolucionaria. Ya algunos religiosos, como el franciscano Diego Uribe, se habían unido en años anteriores a organizaciones guerrillas como el ELN y habían muerto en sus filas.
Fruto de la represión y de algunos conflictos internos, el movimiento vio menguado su alcance nacional. Con los años, muchos de sus antiguos participantes continuaron su animación de procesos sociales a través de organizaciones no gubernamentales o en otros campos de la incidencia política, como la educación popular. La memoria de sus mártires fue un estímulo para el trabajo de la mayoría en favor de la construcción de paz en Colombia.
Para conservar un legado
La Mesa Ecuménica por la Paz nació en el 2012. Antes del inicio de los diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, la articulación se propuso incidir entre la ciudadanía para concientizar acerca de la necesidad de exigir y apoyar toda iniciativa en favor de una salida política al conflicto armado. “No es un diálogo religioso ni un ejercicio intraeclesial o meramente pastoral”, señaló en su momento Omar Fernández, uno de sus promotores. “Es un proceso que se quiere ubicar de cara a la sociedad”.
Desde siempre, la memoria de las víctimas del sector cristiano nutrió las reflexiones del grupo sobre la importancia de una paz con ética y una ética para la paz.
Después de la firma del acuerdo definitivo y del inicio de tareas de la JEP y de la Comisión de la verdad, los integrantes de la mesa ecuménica se preguntaron cuál podría ser su contribución a corto plazo. No pasó mucho tiempo antes de que se propusieran elaborar un informe con la intención de honrar la memoria de sus mártires, desde la convicción de que la persecución por causas políticas no debe repetirse en Colombia y de que debe haber una reparación también para los sectores religiosos golpeados por la guerra, ya que durante el desarrollo de esta no solo fueron desaparecidas personas, sino, también, estilos de vivir la fe.
Como lo reconoció en su momento la comisionada Ángela Salazar, “también la religión fue afectada en el marco del conflicto armado, porque no se volvieron a hacer las mismas expresiones religiosas”. Comunidades confinadas por temor, sin poder practicar sus ritos; atentados contra sus edificaciones; ataques contra sus líderes, en zonas apartadas del país, son manifestaciones de lo que muchos creyentes han sufrido sin que la singularidad de su experiencia espiritual haya merecido la suficiente atención.
Si bien históricamente han sido analizadas las razones políticas que han llevado a la estigmatización y persecución contra sectores del cristianismo comprometidos con el cambio social, hace falta profundizar las razones de fe de su victimización. Así lo cree Jenny Neme, integrante de Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ), otra articulación de cristianos, mayoritariamente del sector evangélico, quien saludó la aparición del informe de la mesa ecuménica, junto al pastor presbiteriano Milton Mejía. Este último anunció que está en preparación un informe similar por parte de DIPAZ.
El aporte de la no violencia
“Colombia vive una crisis espiritual muy profunda que es la ruptura del ser humano y de la naturaleza dentro de nosotros”, dijo Francisco de Roux, en entrevista, antes de recibir el informe. “Esta fuerza de los mártires nos da la garantía de que el mal no triunfará y que la pasión por la fraternidad, por aceptarnos los unos a los otros, por proteger la vida, un día va a triunfar entre nosotros”.
La actividad de entrega del documento había iniciado de manera ritual en uno de los patios del colegio. Un larguísimo pendón colgado desde el cuarto piso y extendido varios metros sobre el suelo puso a la vista de los asistentes nombres de decenas de víctimas y de sobrevivientes. Tierra negra, raíces de un árbol de la memoria creado de manera artística, con sus ramas, hojas, flores y frutos: fragmentos unidos de a poco por los asistentes, hasta crear un símbolo que hizo presente el legado de los ausentes: semilla para el futuro, que se ha propuesto preservar y difundir la mesa ecuménica. Junto al árbol, el rostro ampliado de cada uno de ellos, iluminado con velas cuya luz aludía a la creencia cristiana en la resurrección: el triunfo del amor sobre la muerte.
“Estamos celebrando la vida y la esperanza que nos dejaron los mártires que, convencidos de que la paz un día sería posible en Colombia, lucharon en la fe de una manera no violenta; para que se respetaran los derechos humanos de los indígenas, de los campesinos, de las poblaciones afro, del pueblo”, añadió De Roux. “Ellos físicamente no están, porque fueron asesinados, pero sabían que continuarían con nosotros, que no iban a descansar y que siguen en todos los que en Colombia y en el mundo siguen con la esperanza luchando para que un día la fraternidad sea posible”.
Una procesión, proveniente del patio, llevó entre canciones a los asistentes hasta el auditorio en que sería proyectado un documental sobre el contenido del informe y en cuyo escenario le fue entregado el texto al presidente de la Comisión de la Verdad.
HACIA EL UMBRAL 
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